3.2. Gobernanza institucional, concertación social y efectos políticos de los acuerdos de transición
El análisis empírico de los procesos de descarbonización evidencia que el cese de las actividades extractivas genera tensiones socioeconómicas que trascienden el perímetro inmediato de las explotaciones tradicionales. Desde una perspectiva cuantitativa, la literatura constata que la clausura de minas incrementa de forma contemporánea el desempleo local y produce notables efectos de desbordamiento espacial sobre comarcas adyacentes ("Spatial-temporal dynamics of structural unemployment", 2023). Frente a este deterioro estructural, la resiliencia territorial requiere canalizar inversiones hacia sectores productivos alternativos, capacitar a los demandantes de empleo y financiar subsidios de cuidado infantil en zonas con baja participación laboral femenina ("Spatial-temporal dynamics of structural unemployment", 2023). En contraposición a los enfoques centrados únicamente en subsidios pasivos, la dimensión sociopolítica de la transición justa demuestra que la concertación institucional resulta indispensable para afianzar la aceptación pública de la agenda climática. Al examinar la experiencia española, se comprueba que los convenios de transición justa negociados entre el gobierno, las organizaciones sindicales y las empresas mitigan la vulnerabilidad de los municipios mineros e impulsan el respaldo electoral hacia las fuerzas promotoras de la descarbonización ("How to Get Coal Country to Vote for Climate Policy", 2023). Dicho respaldo político, sustentado primordialmente en la adhesión y mediación sindical, constata que los mecanismos de diálogo social y protección laboral permiten compatibilizar la mitigación ambiental con la justicia distributiva territorial ("How to Get Coal Country to Vote for Climate Policy", 2023).