2.1. Obstáculos administrativos, financieros y asimetrías de información
La configuración del acceso a los servicios de salud para la población migrante venezolana en las áreas urbanas evidencia una marcada brecha entre la cobertura formal establecida por la política pública y la experiencia asistencial cotidiana. A pesar de los esfuerzos institucionales orientados a universalizar la protección social, los usuarios en situación de movilidad enfrentan una confluencia de restricciones legales, exigencias documentales imprevistas y asimetrías de información que obstaculizan su ingreso oportuno a la atención primaria [1]. Esta desconexión estructural induce a que un número considerable de personas postergue la búsqueda de atención médica durante las fases iniciales de una patología, recurriendo predominantemente a canales informales o a la adquisición directa de medicamentos en farmacias comerciales para mitigar cuadros agudos sin supervisión clínica continua. Cuando la condición de salud se deteriora de manera crítica, el punto de contacto prioritario termina siendo el servicio de urgencias hospitalarias, lo que satura la capacidad instalada e incrementa los costos directos e indirectos tanto para las familias como para el sistema receptor [4]. De este modo, la persistencia de barreras de afiliación no solo profundiza las desigualdades en el bienestar físico y mental, sino que también debilita la eficiencia preventiva que sustenta la sostenibilidad financiera del modelo de aseguramiento sanitario.