4.2. Mecanismos de sostenibilidad financiera y gobernanza a largo plazo
La viabilidad del despliegue a gran escala de autobuses eléctricos en corredores metropolitanos depende directamente de la consolidación de esquemas de gobernanza contractual que delimiten con precisión la responsabilidad sobre la infraestructura de carga y la operación vehicular. La experiencia regulatoria en la capital demuestra que la intervención estratégica del Estado es indispensable para coordinar la interacción entre concesionarios privados y entidades públicas de supervisión técnica [5]. Esta coordinación adquiere una relevancia crítica en la gestión de los patios de encierro y terminales, donde los requerimientos de suministro eléctrico intensivo transforman la configuración espacial preexistente e imponen nuevos protocolos de mantenimiento preventivo y control de tiempos de recorrido [1]. Sin un marco contractual que asigne los riesgos de inversión tecnológica y la administración de los activos energéticos, las iniciativas piloto corren el riesgo de quedar aisladas como ensayos tecnológicos sin capacidad de replicabilidad metropolitana [2]. Por consiguiente, la decisión de ampliar la flota eléctrica exige establecer fórmulas de remuneración por kilómetro recorrido que contemplen la depreciación de las baterías, salvaguardando al mismo tiempo la calidad y regularidad del servicio público ofrecido a la ciudadanía.