3.1. Articulación institucional y sostenibilidad financiera de los programas
El análisis de las políticas territoriales evidencia que la materialización de los derechos sociales en los municipios priorizados depende de una coordinación estatal efectiva y del reconocimiento de las barreras estructurales en la ruralidad. Por un lado, se identifica que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial experimentan rezagos sustanciales debido a fallas de articulación entre las entidades de nivel nacional y territorial, así como a restricciones en la disponibilidad presupuestal y la sostenibilidad fiscal que condicionan el despliegue de bienes públicos (2020). Esta desarticulación institucional en los instrumentos de la Reforma Rural Integral debilita el alcance práctico de las iniciativas de estabilización, impidiendo que la oferta formativa y los servicios estatales se adapten a las demandas locales de las comunidades y de la población en tránsito a la vida civil. Por otro lado, la evidencia sobre los procesos de reincorporación comunitaria muestra que las personas excombatientes enfrentan barreras persistentes asociadas a la escasez de recursos en zonas rurales, el estigma percibido y las dificultades de transición institucional (2021). Al contrastar ambas perspectivas, se comprende que la educación superior en los territorios PDET no puede gestionarse de forma aislada de las condiciones materiales ni del marco de la paz territorial. En consecuencia, la superación de estas brechas formativas demanda que el Estado articule sus fuentes de financiación con estrategias locales capaces de contrarrestar la marginación geográfica y el estigma social. Solo mediante una presencia institucional coordinada y sostenible resulta viable transformar las oportunidades educativas en pilares efectivos para la reintegración integral y la justicia distributiva territorial.