Evaluación de las políticas de formalización y marcos institucionales
El análisis de las políticas de formalización orientadas a la economía popular demuestra que las intervenciones estrictamente normativas resultan insuficientes para abordar las dinámicas laborales en América Latina. La persistencia de actividades informales no responde únicamente a la evasión tributaria deliberada, sino a profundas asimetrías de productividad y a la necesidad de subsistencia de sectores vulnerables que operan al margen de los circuitos crediticios e institucionales predominantes (Beyond Regulation, 1993). Por lo tanto, la medición y caracterización rigurosa de estas unidades económicas evidencia que las barreras de entrada al sector formal penalizan desproporcionadamente a los trabajadores por cuenta propia y a las microempresas familiares (Measuring the Informal Economy in Latin America and the Caribbean, 2026). Para transformar esta realidad, las políticas públicas deben redefinir la formalización no como una imposición coercitiva, sino como un proceso gradual de inclusión productiva y ampliación de derechos. Dicha transición exige la construcción de contratos sociales sostenibles donde la provisión de protección social, capacitación técnica y servicios públicos justifique y compense los costos de la adhesión regulatoria (Crafting Sustainable Social Contracts in Latin America, 2007). En consecuencia, un marco institucional efectivo para la economía popular integra incentivos económicos tangibles y redes de seguridad social que fortalecen la confianza pública y fomentan una vinculación formal genuinamente sostenible.