4. Recomendaciones y prioridades de despliegue
La puesta en marcha de una comunidad energética local en un municipio de tamaño mediano requiere armonizar las capacidades institucionales del ayuntamiento con esquemas de participación activa de la ciudadanía. La experiencia acumulada en la planificación de infraestructuras renovables indica que la aceptación social no deriva automáticamente del consenso general sobre la descarbonización, sino de la implicación informada en las decisiones espaciales y económicas de cada instalación [1]. En este sentido, la adopción de herramientas interactivas de asignación territorial y cálculo de rendimientos compartidos mitiga los conflictos de uso del suelo y refuerza la corresponsabilidad cívica frente a la transición ecológica [1]. Asimismo, la modelización de escenarios de descarbonización adaptados al perfil de consumo municipal confirma que la combinación de generación fotovoltaica sobre cubiertas públicas y esquemas de autoconsumo compartido incrementa notablemente la autosuficiencia sin comprometer la estabilidad de las redes de distribución existentes [5]. Por consiguiente, la asignación de recursos debe sustentarse en un modelo de gestión mancomunada donde la administración local actúe como entidad facilitadora y los usuarios asuman un papel activo en la monitorización y reparto del flujo energético comunitario [5].