Desarrollo: Brechas institucionales, control fiscal y descentralización educativa
El debate en torno a la llegada de la paz total a las universidades en municipios PDET confronta dos visiones sobre la política pública educativa. Por un lado, una postura extendida sostiene que la mera ampliación de la cobertura territorial y la apertura de sedes universitarias bastan para democratizar el saber y superar el rezago histórico en las zonas afectadas por el conflicto armado. No obstante, esta perspectiva resulta insuficiente, pues omite que la expansión cuantitativa sin garantías de calidad y sostenibilidad fiscal reproduce inequidades estructurales en lugar de mitigarlas. La evidencia demuestra que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial sufren retrasos considerables debido a fallas en la articulación entre entidades estatales y a limitaciones presupuestales (crossref-10-18566-rfdcp-v50n133-a10, 2020). Por consiguiente, la sola presencia institucional no garantiza una transformación sustantiva si no existen recursos continuos ni una administración rigurosa. En este sentido, la implementación de un marco de control fiscal territorial con enfoque de derechos y alineado con estándares internacionales resulta indispensable para vigilar la gestión de los recursos educativos en estos municipios (20528198, 2026). Al contrarrestar la ineficiencia administrativa y asegurar el uso transparente del presupuesto, el control fiscal fortalece la legitimidad de las instituciones universitarias y protege el derecho fundamental a la educación superior. De este modo, la construcción efectiva de paz en el ámbito universitario exige trascender el asistencialismo de cobertura para consolidar una gobernanza descentralizada, financiada y técnicamente auditada que responda a las realidades del posconflicto.